Diputados: el proyecto de urbanización de villas recibió dictamen y se votaría la semana que viene
El proyecto para la regularización dominial de villas y asentamientos precarios de todo el país que impulsa el Gobierno recibió este miércoles dictamen favorable con el apoyo de la oposición, y se encamina a ser votado en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión de la semana próxima.
El dictamen de mayoría fue firmado por el interbloque Argentina Federal, por el Frente Renovador y por el Movimiento Evita, mientras que el Frente para la Victoria, Evolución Radical y Unidad Justicialista suscribieron en disidencia.
Argentina Federal acompañó con la firma, pese a adelantar que impulsará cambios en la redacción del proyecto.
La norma propuesta, que fue trabajada por el Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Carolina Stanley con la contribución de movimientos sociales, establece un "Régimen de integración socio urbana y regularización dominial" y declara la "utilidad pública" y sujeto a expropiación de las tierras donde se localizan 4.228 asentamientos urbanos precarios con el objetivo de entregarles a sus habitantes certificados de vivienda familiar.
Durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Vivienda, Legislación General y Presupuesto, el diputado del PRO Pablo Tonelli calificó el proyecto como "revolucionario y necesario para regularizar la situación de miles de argentinos que viven en villas y asentamientos, dando soluciones concretas para quienes más lo necesitan".
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales mencionó que al texto original presentado por los oficialistas Mario Negri (UCR), Nicolás Massot (Pro) y Elisa Carrió (CC-ARI) se le efectuaron "poquísimos cambios".
Entre ellos, se eliminó un párrafo del artículo 8 que autorizaba a la Nación a proceder a la expropiación de tierras incluso en caso de falta de acuerdo con las provincias y municipios, de manera que "nada pueda hacerse" sin el consenso de las tres partes.
El diputado del Frente para la Victoria Juan Cabandié aclaró que "este es un proyecto de regulación dominial y no de urbanización" porque no se garantiza "una solución habitacional concreta", ya que "ni siquiera habla de construcción de viviendas".
Con todo, el legislador kirchnerista reconoció que la norma sería un "avance", pero cuestionó el plazo de cuatro años estipulado para proceder a los desalojos, que consideró "muy bajo".